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16 de julio de 2014. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades Autónomas han aprobado hoy en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia el reparto del Fondo Extraordinario de 17,4 millones de euros para ayudar a las familias con menores a cargo y que se encuentren en una situación de pobreza material severa como consecuencia de la crisis. Se trata del primer fondo de estas características destinado a combatir la pobreza infantil mediante ayudas a la alimentación, el aseo personal, vestuario o pago de gastos del hogar como la luz o el agua. Según ha anunciado la ministra Ana Mato, el fondo permitirá que los menores no se vean afectados por las dificultades económicas que atraviesen sus familias.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha explicado que las cuantías que reciba cada comunidad autónoma se han fijado atendiendo a la tasa AROPE que emplea la UE para medir el riesgo de pobreza y de exclusión social. Los parámetros que dan lugar a dicho indicador tienen que ver con el nivel de privación material severa y con la densidad de desempleo de la zona sobre la que se aplica, entre otros factores. El recurso a este indicador suscitó el consenso de las propias Comunidades Autónomas, de ahí que se haya aplicado para la distribución.

 

Serán los gobiernos autonómicos, por tanto, los que gestionarán el envío de las ayudas a aquellas familias con hijos menores de edad que estén incluidas en sus respectivos proyectos de inclusión social. Los departamentos correspondientes de las CC AA deberán efectuar un seguimiento y evaluación de cuánto se les asigne del fondo, que habrá de invertirse este mismo año.

 

El reparto por comunidades autónomas es el siguiente:

 

 

 

El Fondo Extraordinario de 17,4 millones de euros se suma a otras partidas contra la pobreza infantil que ha movilizado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad durante la primera mitad del presente año.

 

A primeros de febrero se formalizó la entrega de las subvenciones con cargo al IRPF para las ONG, y gracias a ello, 20 millones de euros se dirigieron a programas de urgencia social, es decir, programas para ayudar a familias con hijos menores y en clara dificultad económica. Otros 25,6 millones de dichas subvenciones fueron a parar a planes de atención a familias e infancia.

La cuantía del Plan Concertado, 27,4 millones de euros, que se ha mantenido en el último año, o el reparto de 40 millones de euros para la distribución de alimentos a personas en situación de pobreza, ya movilizados durante el primer semestre del año, constituyen otras partidas del Gobierno para hacer frente a la pobreza.

 

Por otra parte, el Fondo para combatir la pobreza severa lleva incorporada una partida específica de 1,4 millones de euros para destinar a ayudas a familias de etnia gitana con menores a cargo y que vivan también en coyuntura de pobreza extrema.

 

 

El Consejo Territorial que hoy se ha celebrado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha aprobado otras medidas dirigidas a la atención de los colectivos más vulnerables, y una de las más importantes en este sentido ha sido la ampliación de los sectores de población que podrán a partir de ahora acceder al Fondo Social de Viviendas, es decir, al cupo de residencias que las entidades bancarias pusieron a disposición de familias y personas que no podían hacer frente al pago de sus hogares o que fueron desahuciados.

 

Aparte de los colectivos a los que favorecían las condiciones de acceso al Fondo, figurarán también como beneficiarios las familias con hijos menores a cargo (ya estaban las familias con hijos de hasta tres años) que tengan problemas para pagar su vivienda o que estén en riesgo de desahucio, las personas con discapacidad o dependencia para las que permanecer en su vivienda es factor de inclusión social y las personas jubiladas o prejubiladas que hayan asumido mediante avales las deudas de sus hijos o nietos, entre otros.

 

Según ha resaltado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con esta medida el Gobierno da la oportunidad a determinados colectivos para que puedan estar o pasar a una vivienda en unas condiciones de alquiler adaptadas a su situación.

 

 

 

Por otra parte, el Consejo ha abordado la situación de las personas sin hogar en España. Casi 23.000 personas, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), viven sin techo en nuestro país. Diferentes organismos europeos llevan tiempo reclamado a los estados miembros de la Unión el desarrollo de planes o proyectos que den cobertura integral a estas personas. Doce de los 28 Estados que conforman la UE ya han abordado diferentes prácticas destinadas a las personas sin hogar. También el Congreso de los Diputados se pronunció en abril de este año en una línea similar. Por todas estas razones, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, a instancias del Ministerio, ha propuesto a las Comunidades Autónomas la creación de un grupo de trabajo que articule los ejes de la que será una nueva Estrategia para Personas Sin Hogar. El plazo previsto para aprobar dicha Estrategia es el primer trimestre de 2015.

 

El grupo de trabajo, por consiguiente, asumirá la tarea de redactar un documento conforme a unos ejes que versarán sobre medidas laborales, de atención social, educativos, de salud, de vivienda y de alojamientos transitorios.

 

 

Mato, asimismo, ha informado ante el Consejo de los anteproyectos de reforma de la legislación de protección a la infancia, presentados al Consejo de Ministros el pasado 25 de abril. Se trata, ha afirmado la ministra, de una reforma que convierte a España en el primer país que instala en su ordenamiento la prevalencia del interés superior del menor.

 

Los dos anteproyectos servirán para incluir en el ordenamiento español una reforma que agiliza y flexibiliza los procedimientos de acogimiento y adopción de menores, siempre en función de su bienestar. El proyecto del Ministerio de Ana Mato pretende que los menores estén con una familia porque así se garantiza un mejor desarrollo, formación y crecimiento, según demandan asociaciones y expertos. Las adopciones internacionales se vuelven más garantistas y se refuerza la protección de niños y niñas ante casos de abusos y acoso. De este modo, funcionarios, empleados públicos y administraciones deberán trasladar a la Fiscalía cualquier situación de abusos a menores, puesto que si no lo hacen, podrían incurrir en un delito de omisión.

 

Otro de los puntos más destacados de la reforma es la protección específica que se dará, al menos cuando sea víctima de violencia de género, en lo que sobresale la apuesta por promover que estén junto a sus madres.

 

Y tal y como ha anunciado hoy la ministra, será obligatorio de partir de ahora que todas las medidas legislativas puestas en marcha estén acompañadas de un informe sobre el impacto que causen en las políticas de infancia.

 

 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha informado, además, al Consejo Territorial el proyecto de Real Decreto por el que se unifican los criterios de uso de las tarjetas de estacionamiento de personas con movilidad reducida, de modo que el documento que haya expedido el órgano competente en un municipio sea válido en todos los demás, sin excepción. Con la medida se cubre una reclamación histórica de los representantes de las personas con discapacidad.

 

Por otra parte, el Consejo Territorial ha aprobado la tercera Evaluación oficial prevista en la Ley de Dependencia, correspondiente al ejercicio 2013. Entre los resultados, a fecha 31 de diciembre de 2013, destacan los siguientes:

 

Hay más beneficiarios con prestación. 753.842 frente a los 738.587 de 2011. Es decir un aumento neto de 15.255 personas. El 80% de los beneficiarios con derecho a prestación ya la tienen concedida.

Se han incorporado al sistema nuevos beneficiarios con prestación. Un total de 224.810 desde 2011.

Hay menos personas pendientes de recibir prestación. Desde diciembre de 2011 a diciembre de 2013, la lista de espera se redujo en un 37,73%, 115.438 personas menos. Con posterioridad a la fecha de la evaluación, la reducción ha llegado al 39,8%, la cifra más baja desde la implantación de la Ley.

 

Aumenta la atención a través de servicios profesionales, que generan empleo: de un 54,60% del total de prestaciones en 2011, al 56,79% en 2013. Este aumento ha supuesto 7.437 nuevos empleos en el sector de los servicios sociales.