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27 de marzo de 2014. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y la presidenta del Observatorio sobre violencia de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona, han acordado hoy la creación de tres grupos de trabajo que a lo largo de los próximos meses servirán para estrechar y perfeccionar los canales de cooperación entre ambas instituciones. Asimismo, a propuesta del Ministerio, en concreto de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el CGPJ organizará antes de finales de año un congreso para analizar el funcionamiento de la Ley Integral durante estos diez años.

 

Precisamente éste, el estudio de la aplicación de la Ley, será el objetivo que se marcará uno de los tres grupos de trabajo cuya constitución han pactado hoy Mato y Carmona, en la que ha sido una reunión de trabajo motivada por la conveniencia de mejorar todos los recursos contra la lacra execrable de la violencia contra la mujer. Ese grupo de trabajo, que, al igual que los demás, integrarán los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Justicia; el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía y las CCAA, planteará también el análisis de todas las resoluciones judiciales que se han dictado hasta la fecha en materia de violencia de género.

 

Otro grupo de trabajo abordará la formación de los jueces y la especialización de los juzgados con el fin de que se conviertan en juzgados de referencia en el ámbito de la violencia contra la mujer. El tercer grupo versará sobre la definición de los conceptos estadísticos y la unificación de las bases de datos, pues tanto la ministra como la presidenta del Observatorio han coincidido en la necesidad de que la información que haya sobre violencia de género sea la más homogénea posible y carezca de distorsiones.

 

 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la presidenta del Observatorio contra la violencia de género han tratado durante la reunión de la importancia de que la Ley Integral, aprobada en 2004, sea objeto de estudio y análisis para identificar puntos fuertes y posibles carencias. Por tal razón, a propuesta del Ministerio, el CGPJ organizará antes de finales de año un congreso que se encargará de evaluar el curso de esta Ley ahora que se cumple una década desde su entrada en vigor.

 

Mato está decidida a movilizar todos los medios a su alcance para que las políticas contra la violencia de género sean implacables: por tal razón, ha informado a Carmona de que ha pedido a la Presidencia de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados que convoque a las portavoces de los grupos parlamentarios para que, desde el diálogo y la unidad, todos los partidos “sigan avanzando juntos” contra la lacra de la violencia de género.

 

Asimismo, en próximas fechas, convocará también al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, en el que están representados diferentes ministerios, las comunidades autónomas, entes locales, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía general del Estado y las asociaciones sociales especializadas. El objetivo, según ha manifestado durante la reunión, consiste principalmente en mejorar la coordinación entre administraciones y con agentes sociales tanto en el manejo de datos y estadísticas como en la puesta en marcha de actuaciones y medidas.

 

Los campos de acción de la ministra con el fin de alcanzar la máxima implicación posible de las instituciones y de la sociedad en general contra la violencia de género se extenderá también a la actuación del Gobierno, y así, la ministra tendrá próximamente una reunión con los ministros de Interior y de Justicia para estrechar la coordinación policial y judicial. Una de las premisas a tratar en dicho encuentro será el refuerzo de la protección de la mujer que ha padecido malos tratos, así como el de la vigilancia a los agresores.  

 

Mato y Carmona, por otro lado, han coincidido en la importancia de la denuncia, porque “la denuncia abre la puerta de salida de la violencia de género”. Hay que transmitir a la sociedad que ningún síntoma de maltrato a una mujer, sea el que sea, puede quedar impune, y que la denuncia no sólo ha de ser tarea de la víctima, sino también de sus familiares y allegados. Al mismo tiempo, ambas partes han recalcado que detrás de la denuncia, empezando por el servicio del 016 y por la asesoría jurídica gratuita que se activa nada más denunciar los hechos, se despliega un amplio abanico de recursos asistenciales y de ayuda a la mujer y a sus hijos.