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18 de diciembre de 2012. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado hoy que el Gobierno “no va a permitir que se perjudique a ningún ciudadano por vivir en una u otra parte del país”. Por eso, “vela y seguirá velando para garantizar que la sanidad siga siendo pública, gratuita y universal para todos los españoles”. Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno del Senado, en respuesta a una interpelación del senador del Grupo Socialista Roberto Lertxundi sobre la “privatización de servicios públicos de salud”.

 

Mato ha precisado que el Gobierno “respeta escrupulosamente” las competencias de las Comunidades Autónomas, entre las que se encuentra la gestión de la sanidad. Y, “desde luego, respetamos las medidas que se están adoptando para garantizar su sostenibilidad, siempre que se actúe en el marco de la Constitución y de las leyes”. En este sentido, ha recordado que la colaboración del sector privado con el público, bajo distintas modalidades, “no sólo tiene pleno respaldo legal, sino que además han sido gobiernos del Partido Socialista los principales impulsores”. De este modo, ha señalado que sólo en 2011, el Gobierno socialista del País Vasco dedicó 250 millones de euros a colaboración y concertación con el sector privado. Algo que también ha ocurrido en Andalucía, Cataluña y en Castilla-La Mancha con el anterior gobierno.

 

Por ello, ha acusado a Lertxundi de mantener “una posición partidista: le parece bien si lo hace un gobierno del partido socialista y le parece mal si lo hace un gobierno del partido popular”.

 

En cuanto al último auto del Tribunal Constitucional, sobre el decreto del País Vasco recurrido por el Gobierno, la ministra ha manifestado su respeto por la decisión, que obliga a aplicar el mismo sistema de aportación del usuario en toda España y permite dar asistencia sanitaria a personas sin cobertura, aunque ha recordado que el Alto Tribunal aún no se ha pronunciado sobre el fondo, sólo sobre una suspensión cautelar. “Seguimos pensando que el Decreto del Gobierno Vasco es inconstitucional”, ha subrayado.

 

La ministra ha cerrado su intervención con una invitación al diálogo de todas las fuerzas políticas, para hacer posible el Pacto de Estado por la Sanidad que propuso hace un año para garantizar “una sanidad pública, gratuita, universal, de calidad y económicamente viable”.