Noticias

• La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social inaugura el XXV Congreso anual de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales

28 de marzo de 2019.- La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha puesto en valor el papel de la Ley de Dependencia en la expansión del sistema de protección social, y con ello del cuarto pilar del Estado del Bienestar: los Servicios Sociales. Así lo ha destacado hoy en la inauguración del XXV Congreso anual de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

No obstante, ha reconocido que “la llegada de la crisis impidió la consolidación de las medidas adoptadas en los años anteriores a ella y las políticas de austeridad no sólo frenaron la adaptación de nuestro Estado de Bienestar a los cambios sociales sino que provocaron un grave retroceso en los programas de protección social, debilitando el Estado de Bienestar y quebrantando la igualdad de oportunidades”.

Al contrario, Carcedo considera que en este momento “se debe completar la cartera de servicios y prestaciones, mediante la incorporación de la prestación de la teleasistencia avanzada y regular expresamente la figura del asistente personal”.

María Luisa Carcedo también ha hecho hincapié en el primer enunciado de la ley, la promoción de la autonomía personal, “hay que promover el envejecimiento activo, dar vida a los años”, ha defendido. También ha asegurado que hay que poner el foco en políticas transversales de promoción de la autonomía”. España es el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida. Para la Ministra, este “debe ser un activo del país y para ello hay que evitar la gran dependencia”, ha defendido.

Por otra parte, la Ministra ha defendido “un sólido sistema público con derechos universales como elemento troncal de la ciudadanía”. “Queremos un Estado de derechos, no un Estado asistencialista y caritativo”, ha insistido.

María Luisa Carcedo ha asegurado que “España necesita un Estado de Bienestar que garantice y blinde derechos universales de ciudadanía y proteja contra la exclusión social”. Para ello, se ha mostrado partidaria de “avanzar en una ley marco que defina el alcance, regule una cartera básica de servicios sociales y su organización y estructuras profesionales, siempre en el respeto a las competencias definidas en la Constitución”.

La Ministra también ha valorado la gestión de los servicios sociales de atención primaria que hacen los ayuntamientos. En este sentido, ha abogado por recuperar las competencias para la Administración Local.