Aprobada la nueva guía de sanidad mortuoria
- El Consejo Interterritorial del SNS ha aprobado la “Guía para el fortalecimiento de la sanidad mortuoria en España” elaborada por el Ministerio de Sanidad, con la colaboración de las comunidades autónomas.
- El documento ofrece un enfoque renovado, centrado en la dignidad de las personas fallecidas, la protección de la salud pública y la garantía de derechos culturales y religiosos.
- Por primera vez se incorporan medidas específicas para facilitar prácticas funerarias acordes con la pluralidad religiosa, sin comprometer la seguridad sanitaria.
Madrid, 4 de julio de 2025.- El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la “Guía para el fortalecimiento de la sanidad mortuoria en España”, una herramienta que tiene como objetivo armonizar la regulación y los procedimientos post mortem en todo el territorio nacional. Se trata de un documento técnico de carácter orientativo, no normativo, que proporciona criterios comunes, buenas prácticas y recomendaciones para mejorar la organización y prestación de los servicios mortuorios desde una perspectiva de salud pública.
La guía parte de un análisis de la situación actual de la sanidad mortuoria en España, caracterizada por una alta heterogeneidad normativa entre comunidades autónomas. Estas diferencias afectan a aspectos clave como los requisitos de inhumación, los plazos y autorizaciones para los traslados, la gestión ante fallecimientos en contextos de emergencia sanitaria, o la aplicación de medidas de bioseguridad.
Dimensión cultural y respeto a la diversidad religiosa
Uno de los principales aportes de la nueva guía es la incorporación de un enfoque transversal de respeto a la diversidad religiosa y cultural. Por primera vez, un documento técnico estatal en sanidad mortuoria aborda de manera explícita la necesidad de compatibilizar los procedimientos funerarios con las convicciones y prácticas de diferentes comunidades religiosas presentes en España.
Entre las medidas propuestas.
- La flexibilización normativa para facilitar el cumplimiento de prácticas tradicionales propias de diversas confesiones religiosas, como la inhumación en un plazo breve tras el fallecimiento, el uso de sudarios en lugar de féretros, o la orientación del cuerpo según los preceptos de cada fe. Estas prácticas se consideran legítimas siempre que se desarrollen dentro de un marco de garantías sanitarias suficientes, en coordinación con las autoridades de salud pública y los servicios funerarios.
- La promoción de la formación específica y continuada del personal sanitario, funerario y administrativo en aspectos relacionados con la diversidad religiosa, cultural y étnica, así como en habilidades de comunicación y acompañamiento respetuoso a las familias. Esta capacitación busca prevenir conductas discriminatorias, mejorar la atención en momentos de duelo y garantizar una gestión sensible y humanizada de los procesos post mortem.
- La elaboración y actualización de protocolos adaptativos para situaciones de emergencia sanitaria, catástrofes o fallecimientos múltiples, que incorporen la variable cultural y religiosa como elemento relevante. Estos protocolos deben contemplar alternativas viables para cumplir con los ritos esenciales de cada comunidad, incluso en contextos de alta presión sanitaria, garantizando siempre la protección de la salud pública y la dignidad de las personas fallecidas.
- Se recomienda la designación de interlocutores institucionales especializados en diversidad religiosa, que actúen como puntos de contacto entre los servicios públicos y las comunidades afectadas, facilitando la resolución de incidencias y la planificación anticipada de respuestas culturalmente apropiadas.
Además de su dimensión ética, la guía propone medidas técnicas para mejorar el sistema, como:
La creación de un sistema interoperable de información mortuoria, que permita integrar y conectar los registros autonómicos, municipales y estatales vinculados al fallecimiento, tratamiento y disposición final de cadáveres. Este sistema facilitaría la trazabilidad de los procesos, contribuiría a una vigilancia epidemiológica más precisa, y permitiría una mejor gestión en situaciones de fallecimientos múltiples, tanto en emergencias sanitarias como en catástrofes naturales o accidentes colectivos. Su implementación ayudaría a reducir duplicidades, acelerar trámites y mejorar la transparencia del sistema.
La revisión y actualización de los protocolos de actuación ante riesgos biológicos, situaciones de alto impacto sanitario, o fallecimientos en contextos de excepcionalidad (pandemias, emergencias climáticas, desplazamientos forzados). Estos protocolos incluirán medidas específicas para garantizar la bioseguridad del personal, el almacenamiento transitorio adecuado de cuerpos, y la disposición final con criterios de dignidad y proporcionalidad, incluso bajo presión asistencial.
Impulsar la coordinación interinstitucional, especialmente entre los servicios sanitarios, las autoridades funerarias, los registros civiles, los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Se propone la creación de mecanismos ágiles de comunicación y colaboración, tanto a nivel ordinario como en situaciones de emergencia, que reduzcan las cargas administrativas, eviten retrasos innecesarios, y mejoren la respuesta integral y articulada ante cada fallecimiento.