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6 de marzo de 2012. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha firmado hoy, en Sevilla, un convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el desarrollo de la teleasistencia. Se trata de uno de los programas “con mayor impacto social, y con el que el Ministerio se encuentra firmemente comprometido”, ha asegurado Mato.

La ministra ha explicado que el programa, dotado con 30 millones de euros, dará servicio a 250.000 personas de 5.535 municipios de toda España, 30.000 de ellas en Andalucía y casi 4.000 en la provincia de Sevilla. Entre los beneficiarios se encuentran personas en situación de dependencia, personas con algún tipo de discapacidad y personas mayores. Éstas últimas suponen un 60 por ciento de los beneficiarios, lo que refleja que el Gobierno que preside Mariano Rajoy está “absolutamente comprometido con los mayores”.

 

Mato ha señalado que el programa garantiza un servicio que, junto con otros de atención domiciliaria, permite a los beneficiarios “vivir en unas condiciones de calidad, pese a las innegables dificultades”. Es decir, facilita que los mayores “puedan permanecer en su medio habitual de vida el mayor tiempo posible, mantener su autonomía y estrechar aún más el contacto con su entorno social y familiar”. Gracias a este servicio, ha explicado, los usuarios y sus familias tienen la seguridad de encontrase atendidos ante posibles emergencias.

 

Por otro lado, la ministra ha recordado la propuesta de un Pacto Socio-Sanitario que permita garantizar la viabilidad del sistema y que todos los españoles puedan recibir la mejor atención sanitaria y los mejores servicios sociales, con independencia del lugar donde vivan. Para Mato, este es “el mejor ejemplo de que para este Ministerio, estar cerca de las personas dependientes, de las personas con discapacidad y de los mayores es lo primero”.

 

Mato ha recordado que “multitud de entidades locales dedican su actividad preferente a los Servicios Sociales”. En este sentido, ha asegurado que para sus responsables “supone una esperanza en la prestación de servicios las líneas ICO que ha abierto el Gobierno, porque “muchos trabajadores sociales salvarán sus empleos y todos evitaremos lo doloroso que resulta que una empresa o una cooperativa cierre sus puertas porque la Administración no paga sus servicios”.