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4 de junio de 2014. La reciente reforma de la legislación española para la protección del menor es uno de los proyectos más ambiciosos del Ejecutivo durante la presente legislatura por cuanto modifica, agiliza o refuerza procedimientos de acogimiento, de adopción y de protección ante casos de abusos, malos tratos o violencia de género. Los aspectos en los que inciden los anteproyectos aprobados ya por el Consejo de Ministros son numerosos y convierten a España en el primer país del mundo en constatar en su ordenamiento jurídico la prevalencia del interés superior del niño. Durante su visita oficial a Nueva York acompañando a S.M. la Reina, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha informado ante Naciones Unidas, y a UNICEF en particular, del alcance de dicha reforma.

 

Doña Sofía y la ministra se reunirán hoy en Nueva York con el director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, en lo que constituye un acto más de la agenda de encuentros y entrevistas de esta semana en la ciudad estadounidense. Ayer la Reina participó en la Junta Ejecutiva de UNICEF y se entrevistó con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Asimismo, siempre acompañada por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, asistió a un almuerzo con las 31 embajadoras ante Naciones Unidas que ofreció el máximo representante de la delegación española, Román Oyarzún. Previamente, la Reina había destacado el importante papel que desempeñan las mujeres como motor de prosperidad, así como defendió el pleno reconocimiento y participación de la mujer en los ámbitos político, social y económico.

 

 

La colaboración y el consenso con las Comunidades Autónomas han sido las premisas que ha mantenido el Gobierno durante la redacción de los dos anteproyectos que reforman la legislación de protección al menor vigente en España. Gracias a este clima de diálogo y a la voluntad de acuerdo, el Consejo de Ministros aprobó a finales del pasado mes de abril un proyecto con el que cubrir todos los ámbitos de defensa del interés de niños y niñas.

 

Así, el menor deberá ser escuchado en los procesos judiciales siempre y cuando esté acreditada su madurez (en los casos de menores de 12 años), y a la vez, se evitará que testifique más de una vez ante diferentes instancias judiciales para evitar lo que conoce como “victimización secundaria”. Estará asistido siempre por expertos en educación y psicología infantil, y de hecho, en los juzgados, los componentes de los equipos psicosociales deberán constatar en su bagaje que atesoran formación especializada en violencia de género.

 

Relacionado con la protección del menor ante situaciones de violencia contra la mujer, la reforma indica con claridad que se procurará que estos permanezcan con su madre, así como obliga a los jueces a que se pronuncien sobre las medidas cautelares de protección con las que debe contar el menor. Por otro lado, se refuerza la persecución a quienes cometan abusos o malos tratos al menor, y así, se establece que las administraciones y funcionarios deberán comunicar a la Justicia dichos casos si tuvieran conocimiento de ellos, ya que no hacerlo podría acarrear que se les impute un delito de omisión.

 

También se agilizan las declaraciones de riesgo y desamparo, y se introducen más garantías en los procesos de acogimiento y de adopción. Aparecen nuevas figuras como la adopción abierta y se permitirá conocer los orígenes del menor adoptado. Para los acogedores se crea un nuevo Estatuto que definirá sus derechos y deberes, así como se abre la puerta a que haya un periodo de convivencia previa a la adopción. La reforma esquiva trámites dolorosos para las madres que dan a su hijo en adopción, por lo que se amplía el plazo de consentimiento a seis semanas en vez de los 30 días según la normativa actual. Igualmente, ofrece ventajas a las familias numerosas al permitir que mantengan tal título hasta que el menor de los hermanos cumpla 21 años (o 26 si sigue estudiando).

 

En definitiva, una reforma “ambiciosa”, en palabras de la ministra, que coloca a España en la vanguardia en la defensa de uno de los pilares de cualquier sociedad: la defensa de los intereses del menor.