El Gobierno reforma el sistema de copago farmacéutico para blindar la equidad y proteger a las rentas medias y bajas

  • El nuevo real decreto-ley adapta la aportación farmacéutica a la capacidad económica real de la ciudadanía y mejora la protección para pacientes polimedicados.
  • Incorpora nuevos tramos de aportación y topes mensuales progresivos en función de la renta sin incrementar la aportación que realizaban hasta ahora los diferentes colectivos.
  • La medida tendrá un impacto presupuestario estimado de 265,63 millones de euros y busca reducir desigualdades y garantizar la continuidad de los tratamientos.

Fotografía nota de prensa

Madrid, 12 de mayo de 2026.- El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto-ley por el que se modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. La reforma, impulsada conjuntamente por los ministerios de Sanidad y Hacienda, tiene como finalidad reforzar la equidad en el acceso a los medicamentos y garantizar que las condiciones económicas no supongan una barrera para la continuidad de los tratamientos, especialmente en un contexto marcado por el incremento del coste de vida y la incertidumbre económica internacional.

El Gobierno considera necesario adaptar el modelo vigente de copago farmacéutico para corregir situaciones de desigualdad detectadas en determinados colectivos, en particular entre pacientes con rentas bajas y medias que, pese a no estar incluidos en los supuestos de exención, asumían una carga económica elevada derivada de tratamientos prolongados o de alta necesidad terapéutica. La reforma aprobada permite implementar un sistema de copago más progresivo sin incrementar la aportación que realizaban hasta ahora los diferentes colectivos.

En este sentido, diversos análisis técnicos elaborados por el Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica han puesto de manifiesto que determinados niveles de aportación pueden afectar negativamente a la adherencia terapéutica y favorecer interrupciones o reducciones de los tratamientos por motivos económicos, con el consiguiente impacto sobre la salud de los pacientes y sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

Entre las principales novedades de la norma destaca la ampliación de los niveles de aportación para personas activas y sus beneficiarios, que pasan de tres a seis tramos de renta, ajustando de forma más progresiva los porcentajes de copago. Además, se incorporan nuevos topes máximos mensuales de aportación para los colectivos con una renta anual inferior a 35.000 euros, que hasta ahora no disponían de límites específicos, con el objetivo de limitar el impacto económico en las personas con tratamientos prolongados y en polimedicados.

Tramo de renta anual

% de copago

Límite máximo mensual

Inferior a 9.000 €

40%

8,23 €

9.000-17.999 €

40%

18,52 €

18.000-34.999 €

45%

61,75 €

35.000-59.999 €

45%

Sin tope mensual

60.000-99.999 €

50%

Sin tope mensual

Superior a 100.000 €

60%

Sin tope mensual

En el caso de los pensionistas, la reforma introduce también una revisión de los tramos de aportación y de los límites máximos mensuales con el objetivo de reforzar la protección de las personas mayores con menores ingresos y garantizar la continuidad de los tratamientos de larga duración.

La norma incorpora un nuevo tramo intermedio para pensionistas con rentas entre 18.000 y 60.000 euros anuales y actualiza los topes máximos de aportación mensual de manera progresiva. Además, se establece la exención automática para los pensionistas perceptores de complementos por mínimos, evitando que las revalorizaciones de las pensiones puedan provocar la pérdida de este derecho.

Tramo de renta anual

% de copago

Límite máximo mensual

Inferior a 18.000 €

10%

8,23 €

18.000-59.999 €

10%

13,37 €

60.000-99.999 €

10%

18,52 €

Superior a 100.000 €

60%

61,75 €

Asimismo, la reforma mantiene las exenciones ya existentes para colectivos vulnerables, como personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, perceptores de pensiones no contributivas, personas desempleadas sin prestación, menores con discapacidad reconocida o personas afectadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También se incorpora expresamente la exención para las personas beneficiarias del complemento de ayuda para la infancia.

Según la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, la medida tendrá un impacto presupuestario estimado de 265,63 millones de euros. El Ministerio de Sanidad destaca que la reforma contribuirá a mejorar la adherencia terapéutica, prevenir complicaciones evitables y reducir la presión asistencial derivada de interrupciones de tratamientos por motivos económicos.