Sanidad presenta el informe: "Situación del aborto en la sanidad pública. Evolución y medidas para la accesibilidad"

Madrid, 7 de octubre de 2025.- El Ministerio de Sanidad ha presentado el informe 2015-2024 sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), un documento que evalúa la evolución y situación actual de esta prestación sanitaria en el sistema público de salud. El informe revela un crecimiento sostenido en el número de abortos realizados en centros públicos, aunque persisten importantes desigualdades territoriales.

En 2024, se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España. De estas, 22.563 (21,25%) tuvieron lugar en centros públicos, mientras que 83.609 (78,75%) fueron realizadas en centros privados. Esta proporción representa un aumento de casi 7 puntos respecto al 14,3% registrado en 2019, lo que supone un incremento relativo del 50% en la presencia de la red pública en esta prestación.

El informe clasifica a las comunidades autónomas en tres grupos según el porcentaje de IVE realizadas en centros públicos en 2024:

• Por encima del 60% en centros públicos: Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%) y Navarra (74,8%).
• Entre el 20% y el 60%: Cataluña (55,1%), Islas Baleares (45,4%) y Canarias (28,6%).
• Menos del 20%: El resto de las comunidades y ciudades autónomas. Destacan cifras particularmente bajas en Andalucía (0,2%), Comunidad de Madrid (0,47%), y ausencia total de IVE en centros públicos en Extremadura, Ceuta y Melilla.

Diferencias según el momento de la gestación

El informe también desglosa los datos según las semanas de gestación y la titularidad del centro sanitario:

Semanas de gestación	Total IVE	IVE en centros públicos	IVE en centros privados	% en centros públicos
Total general	106.172	22.563	83.609	21,25%
8 o menos	81.314	19.208	62.106	23,62%
9 – 14	20.329	2.386	17.943	11,74%
15 – 22	4.368	867	3.501	19,85%
23 o más	161	102	59	63,35%

Estos datos revelan que las IVE realizadas en estadios más avanzados del embarazo se concentran en mayor medida en centros públicos, lo que refleja su mayor capacidad para abordar casos clínicamente complejos y garantizar la continuidad asistencial.

Diferencias según método

Si se analizan los métodos utilizados y su relación con el tipo de centro sanitario, en 2024, el método farmacológico fue predominante en las comunidades con mayor proporción de IVE en centros públicos, como Cantabria (86,4%), Navarra (76,5%), La Rioja (68,2%) y Galicia (68,1%), lo que ha favorecido su implementación en el sistema público por su menor complejidad logística.

En cambio, en comunidades donde la prestación recae mayoritariamente en centros privados, como Andalucía y Madrid, predomina el método quirúrgico, utilizado en el 86% y el 94% de los casos respectivamente. Esta divergencia evidencia cómo el modelo de atención condiciona no solo el acceso a la prestación, sino también el tipo de procedimiento disponible para las mujeres, influyendo directamente en su experiencia asistencial y autonomía en la toma de decisiones.

Comunidad Autónoma	IVE farmacológicas (n.º total)	% sobre el total de IVE
Andalucía	2.335	11,8%
Aragón	858	47,09%
Asturias	214	11,34%
Islas Baleares	2.485	74,24%
Canarias	1.325	25,9%
Cantabria	846	86,37%
CLMancha	143	3,99%
Castilla y León	772	24,31%
Cataluña	12.519	57,52%
C.Valenciana	4.536	45,01%
Extremadura	195	13,11%
Galicia	2.485	68,08%
Madrid	740	4,07%
Región de Murcia	416	11,32%
Navarra	778	76,49%
País Vasco	1.798	42,7%
La Rioja	337	68,21%

Implicaciones sanitarias y sociales de la privatización de la IVE

El informe advierte que mantener la interrupción voluntaria del embarazo fuera de la sanidad pública supone una doble privatización: por un lado, relega el aborto al ámbito de lo íntimo e individual, y por otro, lo desvincula del Sistema Nacional de Salud al depender de proveedores privados. Esta situación refuerza el estigma, invisibiliza la prestación y debilita el principio de universalidad que caracteriza al sistema público.

Además, la falta de circuitos hacia centros públicos limita la libertad de elección de las mujeres, al condicionar el acceso al tipo de oferta disponible más que a sus derechos. La ruptura de la continuidad asistencial es otro efecto relevante: muchas mujeres deben abandonar su entorno sanitario habitual cuando requieren una IVE, lo que fragmenta su atención y afecta especialmente a los casos clínicos más sensibles.

Finalmente, el informe subraya la paradoja entre la información y la práctica, ya que la mayoría de las mujeres son informadas sobre la IVE en centros públicos, pero el procedimiento se realiza en su mayoría en centros privados. Esta incoherencia revela la necesidad de reforzar la capacidad del Sistema Nacional de Salud para ofrecer una respuesta integral, pública y equitativa en materia de salud sexual y reproductiva.

Medidas para mejorar la accesibilidad a la IVE

Entre las principales medidas que resalta el informe figuran la implantación y actualización de los registros de objetores de conciencia en todas las comunidades autónomas y la presencia de equipos no objetores en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, con el fin de asegurar la prestación pública efectiva.

Asimismo, se impulsa la normalización de la IVE como una prestación más del SNS, mediante protocolos homogéneos, formación específica y circuitos asistenciales coordinados. El informe también destaca la importancia de fomentar el método farmacológico en la red pública por su eficacia, seguridad y facilidad de implantación, siguiendo el modelo de comunidades como Cantabria, Navarra, Galicia o La Rioja.

Finalmente, se plantea establecer mecanismos de seguimiento y evaluación comunes entre comunidades y promover la formación del personal sanitario en salud sexual y reproductiva, con enfoque de derechos y de género.