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Ana Mato anuncia que el Gobierno destinará 3.200 millones de euros para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad

  • Reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia
  • Esta cantidad, derivada del Plan Social de pago a ONG y el nuevo sistema de subvenciones, servirá para aliviar la situación de muchas entidades sociales por las deudas de las administraciones
  • La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad anuncia Programas de Urgencia Social enmarcados en el nuevo sistema de subvenciones sociales con cargo al IRPF
  • Las subvenciones priorizarán las actividades asistenciales y de servicios sociales y se las ayudas se distribuirán por áreas de actuación, no por colectivos
  • Las ayudas garantizarán los bienes de primera necesidad, con programas de ayuda a la nutrición adecuada de los niños y para prevenir la exclusión residencial de familias con dificultades
  • El Consejo aprueba el Plan de Atención a menores de tres años con graves discapacidades, que hará de la atención temprana a estos niños un servicio público, universal y gratuito
  • Ministerio y CC AA acuerdan un nuevo sistema de información de la dependencia, por el que las autonomías enviarán cada mes un certificado con las altas, bajas y modificaciones
  • En lo que va de 2013 han entrado 45.515 nuevos beneficiarios al sistema y, en el último año y medio la lista de espera se ha reducido un 31,3%
4 de julio de 2013. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha presidido hoy el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, en el que ha informado, entre otras cuestiones, de la reforma del sistema de subvenciones sociales. Se trata, ha dicho la ministra, de reorientar la convocatoria de ayudas sociales con cargo al IRPF y las de régimen general para orientarlas “a quienes más lo necesitan”.
 
En concreto, el sistema de distribución de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, que cumplen 25 años de existencia, se sustituye por uno más flexible, eficiente y objetivo, basado en áreas de actuación, en lugar de en colectivos (mayores, jóvenes, personas con discapacidad, etc.), como hasta ahora. En la convocatoria de 2013 se distribuirán 210,1 millones de euros.
 
Con esta nueva planificación, la ministra ha anunciado que se van a priorizar los Programas de Urgencia Social con los siguientes objetivos:
 
1.      Atender las necesidades básicas de personas en situación de pobreza.
 
2.      Apoyar a las familias con necesidades especiales de atención, en particular las que tengan menores, mayores o personas dependientes a su cargo.
 
3.      Ayudar a las familias a una adecuada nutrición de los hijos menores.
 
4.      Acciones dirigidas a adolescentes en riesgo de exclusión.
                                     
En cuanto a las Subvenciones de Régimen General, se modifican para reconocer a las organizaciones que componen el Tercer Sector de Acción Social (unas 29.000 en España) como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado.
 
PLAN SOCIAL DE PAGO A ONG
 
Por otra parte, la ministra ha informado a los consejeros de la puesta en marcha de un Plan Social de pago a ONG, en colaboración con el Ministerio de Hacienda, para hacer frente a las deudas de las CC AA y Ayuntamientos con el Tercer Sector.
 
El Plan incluye más de 1.000 millones de euros para transferencias a entidades que desarrollen proyectos de ayuda a las familias, infancia, mayores y personas con discapacidad. En concreto, 687 millones de euros para las CC AA y 332 millones para las entidades locales.
Asimismo, se destinarán 1.986 millones de euros a los impagos de conciertos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales.
 
Si se suma esta cantidad a las mencionadas subvenciones con cargo al IRPF, se van a destinar 3.200 millones de euros “para ayudar a aquellas familias que están sufriendo los peores efectos de la crisis” y para aliviar la situación en la que se encuentran muchas organizaciones sociales por las deudas acumuladas.
 
Se trata, ha dicho la ministra, de una cifra sin precedentes, en línea con el compromiso adoptado por el presidente del Gobierno en la lucha contra la pobreza. Mato ha explicado a los consejeros, además, que éstas y otras medidas formarán parte del Plan Nacional de Inclusión Social, que se aprobará en los próximos meses y contendrá, como uno de sus ejes, un plan de lucha contra la pobreza infantil.
 
PLAN DE ATENCIÓN A MENORES DE TRES AÑOS EN DEPENDENCIA
 
Por otro lado, el Consejo Territorial ha aprobado el Plan Integral de Atención a Menores de Tres años en Situación de Dependencia. Se trata de un proyecto contemplado en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, que también estaba previsto en la Ley de Dependencia, pero que no se ha puesto en marcha hasta ahora.
 
La ministra ha explicado que en España hay más de 140.000 niños y niñas con discapacidad (unos 5.900 menores de tres años), y ha señalado que “es imprescindible que todos los menores, desde el primer día, tengan los mismos derechos y oportunidades”. Por ello, se va a establecer un marco normativo básico con criterios comunes en todo el territorio para garantizar que la atención temprana sea un servicio público, universal y gratuito.
 
Entre las medidas concretas que se contemplan están las siguientes:
 
1.      Se concederán ayudas a domicilio y, en su caso, prestaciones económicas a favor de los menores de tres años con dependencia.
 
2.      Se les garantizarán plazas en escuelas infantiles o centros de atención socioeducativa.
 
3.      Se desarrollarán programas de apoyo y formación a los cuidadores.
 
 
 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y EVALUACIÓN
 
Otro de los principales acuerdos alcanzados en la reunión entre la ministra y los consejeros es el nuevo Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Esta revisión tiene por objeto hacer más transparente la gestión y evitar las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas entre 2007 y 2011. La norma garantizará fiabilidad, seguridad, disponibilidad y transparencia en la información.
 
Para ello, las CC AA enviarán todos los meses un certificado con las altas, bajas, modificaciones, revisiones y traslados.
 
También expedirán un certificado anual que reflejará la aplicación de los créditos de los Presupuestos Generales del Estado para financiar la atención a la dependencia y la aportación de la Comunidad Autónoma al sistema.
 
En cuanto a la evaluación anual del Sistema de Dependencia, presentada también en el Consejo, cabe destacar que, durante 2012 las nuevas incorporaciones han superado a las bajas: 132.000 personas más han sido beneficiarias. Asimismo, se ha reducido el número de personas pendientes de concesión de la prestación en un 24%, por tanto, la lista de espera se sitúa en los niveles más bajos desde el inicio del sistema. Y el nivel mínimo ha aumentado en 120 millones de euros.
 
La ministra también ha adelantado algunos datos correspondientes al primer semestre de 2013. En los seis primeros meses del año se han reconocido 45.515 nuevos beneficiarios con derecho a prestación, y en el mismo período, el número de personas con prestación reconocida y pendientes de recibirla se ha reducido en casi 21.000.
 
Mato ha señalado que, en el último año y medio (desde el 1 de enero de 2012) la lista de espera para recibir las prestaciones reconocidas se ha reducido en un 31,3%.
 
En definitiva, se siguen incorporando nuevos beneficiarios, se hacen valoraciones y se reducen las listas de espera.
 
OTROS ASUNTOS
 
El Consejo territorial ha dado también luz verde a otros asuntos. El Ministerio ha presentado el proyecto del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, que verá la luz antes de final de año. Esta norma unificará, por primera vez, las principales leyes en la materia.
 
El Ministerio, asimismo, ha informado de la convocatoria de los Premios Estatales al Voluntariado Social 2013 y del próximo Congreso Estatal de Voluntariado, que se celebrará el año que viene en Baleares.
 
Por último, el Consejo ha aprobado la creación de dos grupos de trabajo: uno, para analizar la situación actual del procedimiento para reconocer la concesión de prestaciones, y un segundo grupo para analizar los procesos de valoración y establecer mecanismos de coordinación.