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13 de julio de 2012. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto Ley que incluye la reforma para la mejora del Sistema de Dependencia sobre dos objetivos esenciales: por un lado, dar prioridad a la valoración, reconocimiento y atención de los grandes dependientes; y por otro, consolidar una red pública de servicios sociales que favorezca la sostenibilidad del modelo y genere puestos de trabajo.

 

El Real Decreto Ley se basa en el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia del pasado martes, cuando el Gobierno y las CCAA pactaron iniciar la reforma de un modelo que daba síntomas de colapso.

 

Por primera vez desde que se puso en marcha la Ley, hace cinco años, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por medio del IMSERSO, ha efectuado una evaluación del funcionamiento de Sistema que arroja una serie de datos, entre ellos: un desfase presupuestario de 2.700 millones de euros con respecto a la previsión inicial y una lista de espera de más de 300.000 personas.

 

La reforma para la mejora del Sistema de Dependencia, en consecuencia, pretende agilizar la entrada de los grandes dependientes, que son los que más y mejor atención necesitan, a través de la simplificación de los grados de reconocimiento (de seis niveles pasa a tres grados) y del aplazamiento del acceso de los dependientes moderados, en su mayoría ya atendidos por los servicios sociales.

 

Con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad del Sistema, la reforma incluye también una reducción del 15% de la prestación por cuidador familiar, una figura que la administración va a mantener, pero que al mismo tiempo va a controlar con más rigor para asegurarse de que la persona dependiente recibe una asistencia adecuada y profesionalizada. En este sentido, la propuesta del Gobierno, acordada con las CCAA, establece la ampliación de la ayuda por asistente personal para todos los grados de Dependencia.

 

Asimismo, las medidas de mejora del Sistema indican que se revisará el modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar. Para ello, los Ministerios de Sanidad y de Empleo y de la Seguridad Social acordarán un nuevo régimen acorde con las circunstancias de esta figura. No obstante, los cuidadores que ya coticen no saldrán de la Seguridad Social en tanto en cuanto no se determine el nuevo Régimen.

 

Se amplía a dos años el plazo para que las personas que aún no tienen reconocido el grado de Dependencia, o no perciben aún la prestación, reciban dicha cuantía, y a su vez, la propuesta para la mejora de la Ley define unos criterios comunes para la determinación de la capacidad económica del usuario según renta y patrimonio.

 

La aportación del beneficiario al Sistema es uno de los aspectos que siempre ha formado parte de la norma, y a partir de ahora el Gobierno y las CCAA trazarán otros parámetros de acuerdo con el nivel de renta del dependiente. Aquellas personas cuyos recursos estén por debajo de la cantidad mensual del IPREM (Indicador Público de la Renta de Efectos Múltiples) no abonarán nada, y a partir de aquí la aportación se medirá de forma progresiva (a más renta, más desembolso) hasta llegar al 90% del coste del servicio.

 

Otra de las líneas fundamentales de la mejora del Sistema de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia consiste en la modificación de los criterios para financiar el modelo en cada una de las CCAA. El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros apunta, en esta línea, que en el reparto de fondos comenzará a ponderarse el nivel de prestaciones por asistencia en servicios. El objetivo a conseguir pasa por construir una red público de servicios sociales de calidad, en donde el dependiente reciba la mejor atención posible.