La difusión de tecnologías sanitarias en el sistema de salud: un asunto controvertido

Se requieren mecanismos de evaluación más rigurosos antes de que una nueva tecnología sea aprobada e implantada en el sistema, así como mecanismos más rigurosos de vigilancia postcomercialización

Una vez que una nueva tecnología es aprobada, autorizada e introducida en el sistema de salud, el genio está fuera de la botella y es difícil volver a meterlo dentro. Llegados a ese punto, lograr la cooperación de los médicos, la participación de los patientes y el apoyo financiero (público o privado) para profundizar en el estudio de la tecnología resulta casi imposible.

Los sistemas nacionales de salud tienen la responsabilidad de garantizar una atención médica de calidad a los pacientes, a la vez que deben hacerlo de un modo sostenible desde el punto de vista económico. El ritmo acelerado con el cual se producen avances tecnológicos, ya sea aplicados al diagnóstico o al tratamiento de las enfermedades, supone un arma de doble filo para el sistema. Si bien las nuevas tecnologías ofrecen (a veces) mejores posibilidades para el manejo de las patologías, no es menos cierto que contribuyen a un encarecimiento progresivo y exponencial de los costes de la atención sanitaria. Este hecho debería obligar a los responsables sanitarios a realizar un análisis sistemático, crítico y exhaustivo acerca de las evidencias científicas disponibles sobre la utilidad y ventajas de las nuevas tecnologías con respecto a las existentes, antes de decidir su incorporación en el armamentario financiado con recursos públicos. Existen indicios de que no siempre se procede con el rigor que sería deseable, adoptándose tecnologías sanitarias de forma un tanto indiscriminada o precipitada, que podrían amenazar la sostenibilidad del mismo.

Una reciente publicación en la revista Spine (2009;34(5):423-30) plantea esta cuestión, aunque focalizado en el ámbito de la espalda, donde más de 200 intervenciones terapéuticas de muy diversa índole y complejidad se han propuesto para tratar las dolencias de la espalda. En resumen, los autores afirman que no todos los nuevos tratamientos (incluso los más sofisticados) para las dolencias de la espalda son mejores e incluso más seguros, una falsa creencia muy arraigada en la conciencia colectiva que con facilidad asume que ‘más es siempre mejor’ o que ‘nuevo es siempre mejor’. La precipitada difusión de nuevos tratamientos y de tecnología médica, algunos muy costosos y no exentos de riesgos sustanciales, no siempre se acompaña de una mejoría en los resultados clínicos obtenidos.

Aunque el artículo se refiere también al ámbito de la medicina privada muy prevalente en los Estados Unidos, sus conclusiones son aplicables a nuestro medio. Algunas causas identificadas del problema son: a) las limitaciones del proceso regulatorio por parte de la administración sanitaria y la percepción equivocada (mitos) que tiene el público acerca del alcance de este proceso, b) la incongruencia entre los objetivos (comerciales) de la industria y los clínicos, c) la distribución prematura de la tecnología y el papel del marketing, d) la falta de transparencia en la investigación, e) las políticas éticamente cuestionables en la difusión de resultados, y f) los frecuentes conflictos de interés de los clínicos y sociedades científicas. Todo ello estaría contribuyendo a la proliferación de unos cuidados médicos inecesarios e inefectivos, al dispendio de recursos limitados, a la erosión de la confianza del público en el sistema, a la vez que supone una seria amenza a la sostenibilidad financiera del sistema.

Finalmente, y más importante, los autores realizan una serie de propuestas que afectarían a todas las partes implicadas: clínicos, investigadores, agencias reguladoras, aseguradoras e industria. Estos cambios, resumidos en las tablas 3 a 5, están relacionados con aspectos como la transparencia en la declaración de conflictos de interés, políticas o acuerdos de publicación, participación en el diseño y conducción de la investigación, manejo y análisis de los datos, proceso de aprobación de nuevas tecnologías, sistemas de vigilancia post-autorización, y apoyo a la investigación de interés público.